La Serenata 2024 dejó cuentas bajo la lupa: ¿quién responde?
La Auditoría General de la Provincia emitió una opinión desfavorable sobre la rendición presentada por la intendenta Rita Guevara. El Concejo Deliberante analiza cómo avanzar, mientras ya hay una denuncia penal en la Justicia.
Por Redacción de Te Lo Digo Así

La rendición de la Serenata 2024 quedó bajo cuestionamiento y el Concejo Deliberante de Cafayate analiza cómo avanzar institucionalmente. La Auditoría General de la Provincia (AGP) emitió una opinión desfavorable sobre los números presentados por la intendenta Rita Guevara.
Entre las medidas que se pondrán a consideración está citar a legisladores provinciales para coordinar acciones frente a una denuncia penal que ya está en la Justicia.
Uno de los principales puntos observados fue la contratación directa del servicio de venta de entradas por $15.309.800, que habría superado el límite legal de $5.214.400 establecido para esa modalidad. El concejal Gastón Cecconi sostuvo que el procedimiento incumplió la Ley Provincial de Contrataciones y que debía intervenir el Concejo Deliberante.
La auditoría también observó pagos por $40.816.555,80 sin facturas o comprobantes autorizados por la AFIP y diferencias en las remuneraciones de artistas: los pagos excedieron los montos contractuales por $5.225.462,70. Además, otra de las observaciones estuvo vinculada a las horas extras a empleados municipales mediante planillas manuales sin documentación respaldatoria.
En los ingresos del festival, el organismo señaló la omisión de $9.500.000 correspondientes a sponsoreos y la inclusión de un anticipo de coparticipación de $100 millones como ingreso propio de la Serenata. Tras las correcciones contables de la AGP, el superávit real quedó determinado en $47.676.233,54.
En una entrevista con Radio Cafayate, Cecconi dijo que las observaciones respaldaron los cuestionamientos que ya planteaban desde el Concejo. “Hubo destrato del Ejecutivo comunal al Concejo Deliberante, decían que no hicimos nada, pero hoy en día se ve el resultado del trabajo arduo”, expresó.
Sobre las posibles consecuencias penales, el concejal aclaró que la decisión corresponde a la Justicia: “Nosotros no somos jueces, pero sí lo determinará la Justicia si hubo o no delito. Hay pruebas suficientes y la auditoría ya marcó los errores administrativos y contables”.



