Bullying: en Salta, la escuela no puede mirar para otro lado
El régimen provincial obliga a intervenir ante situaciones de acoso escolar o ciberacoso, incluso si todavía no existe una denuncia formal. También establece cómo proteger a los estudiantes, convocar a las familias y dar seguimiento a cada caso.
Por Redacción de Te Lo Digo Así
En Salta, una escuela no puede esperar a que una familia formalice una denuncia: si detecta o presume una situación de acoso escolar o ciberacoso, debe intervenir de inmediato.
El caso ocurrido en Catamarca —donde una estudiante denunció agresiones reiteradas y la difusión de material privado entre compañeros— volvió a poner el tema en discusión. La normativa salteña, detallada por Que Pasa Salta a partir de información oficial del Ministerio de Educación y Cultura, establece obligaciones concretas para las instituciones.
El Régimen Provincial de Intervención Obligatoria fue creado mediante la Resolución N° 115/26, publicada en mayo de 2026. Alcanza a establecimientos públicos de gestión estatal y privados, en los niveles y modalidades de educación obligatoria.
La prioridad es proteger a los estudiantes involucrados, resguardar su integridad, mantener la confidencialidad y evitar nuevas situaciones de exposición o estigmatización. La intervención no requiere que el hecho esté completamente comprobado ni que exista una denuncia formal.
Las familias también tienen responsabilidades. Padres o tutores deben concurrir cuando la institución los convoque y participar de las medidas previstas. Si los adultos responsables se niegan a colaborar, la escuela puede solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes.
Cuando la situación es más compleja, el régimen prevé convocar a equipos especializados, como la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE) y el Programa de Orientación Escolar (POE).
Además, desde agosto de 2026 rige la Resolución Ministerial N° 252/26, que aprobó un protocolo para resguardar el entorno pedagógico y reconducir trayectorias educativas. Puede aplicarse de forma excepcional, temporal y revisable ante situaciones graves de violencia, bajo el principio de proporcionalidad.
El seguimiento también está contemplado: la Resolución 115/26 creó un Registro Provincial Digital de Intervenciones para centralizar y monitorear los casos reportados. La respuesta, por lo tanto, no debería terminar en una charla o una reunión.
La normativa incluye sanciones para padres, madres, tutores o representantes legales que, tras ser notificados por hechos reiterados de acoso protagonizados por menores a su cargo, omitan las medidas de supervisión, contención, acompañamiento o corrección requeridas. La Ley Provincial N° 8530, publicada el 4 de mayo de 2026, prevé hasta 30 días de arresto o una multa de hasta 30 días.
Si una familia considera que la escuela no responde ante una situación de violencia reiterada, puede pedir formalmente que se active el régimen. También se recomienda dejar constancia del planteo y conservar mensajes, capturas u otros elementos que permitan documentar lo ocurrido.
