Salta volvería a las máquinas: ¿y la cuenta?

Salta se encamina a votar otra vez con máquinas: las elecciones provinciales están previstas, en principio, para el domingo 16 de mayo de 2027, sin PASO y con la Boleta Única Electrónica (BUE) de Magic Software Argentina (MSA). La cuenta de los últimos comicios, cerca de $5.500 millones, vuelve a poner el costo y la confiabilidad en el centro del debate.

Con el decreto de convocatoria todavía en la gatera, los adelantos de funcionarios sobre el desdoblamiento anticipan que la Provincia volvería a contratar el sistema que usa desde 2011. El contrato incluye máquinas, software, boletas con chip, soporte técnico y escrutinio provisorio.

El gasto contratado con MSA fue de cerca de $475 millones en 2021, rondó los $1.000 millones en 2023 y llegó a casi $5.500 millones en 2025. La comparación debe contemplar la inflación y las diferencias en el alcance de cada contrato, pero la evolución muestra el peso creciente del sistema en el presupuesto electoral provincial.

Frente a ese costo, nueve diputados de La Libertad Avanza impulsaron un proyecto para aplicar la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones provinciales y terminar con la BUE. En los fundamentos calcularon que, para un padrón de 1.116.735 electores, la boleta de papel costaría $1.200 millones: cuatro veces menos que el gasto de 2025, según esa estimación. El proyecto quedó empantanado en la Cámara baja.

La BUP se usó por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. Reúne las agrupaciones y categorías en una papeleta, donde cada elector marca sus preferencias con lapicera y luego la deposita en una urna. El escrutinio se hace contando boletas físicas, con intervención de las autoridades de mesa y los fiscales partidarios.

La diferencia no está solo en el papel. La BUE requiere equipos, impresoras, chips, mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones informáticas. La boleta de papel, en cambio, se imprime y distribuye para cada elección. El interrogante es cuánto cuesta sostener durante años una infraestructura tecnológica que depende de un único proveedor y cuánto se gana en control sobre cada sufragio.

Brasil también utiliza urnas electrónicas, pero con otro modelo: no imprime una boleta individual y registra el voto digitalmente. Sus equipos no están conectados a internet durante la votación. Al cerrar cada mesa, generan un “Boletim de Urna” con los resultados, que fiscales y ciudadanos pueden contrastar con la publicación oficial. Además, el sistema cuenta con un Registro Digital del Voto, pruebas públicas de seguridad, controles de integridad y verificación de firmas digitales. Permite revisar resultados por mesa, aunque no reconstruir los votos mediante un recuento de boletas individuales.

En diciembre de 2021, el Tribunal Superior Electoral brasileño adjudicó a Positivo Tecnología la fabricación y provisión de hasta 176.000 urnas por aproximadamente 1.179 millones de reales —unos 220 millones de dólares—. El contrato incluía componentes y servicios asociados, por lo que ese monto no equivale al precio de cada máquina. Brasil mantiene sus propios equipos para varias elecciones; Salta, en cambio, contrata el servicio para cada comicio provincial.

La BUE salteña imprime una boleta y, a la vez, graba la información en un chip. Pero el sistema acumuló cuestionamientos sobre su fiscalización y auditabilidad. En 2015 se denunciaron reemplazos de máquinas, problemas de impresión, fallas de transmisión y dificultades para controlar intervenciones técnicas. También se identificaron vulnerabilidades en la tecnología RFID que, según lo señalado en el debate, podían permitir múltiples registros en determinados chips y generar inconsistencias. En 2019, especialistas informáticos cuestionaron obstáculos para auditar integralmente el código fuente. En 2023 se solicitó el secuestro de máquinas por diferencias entre la selección en pantalla y la impresión, y también se denunciaron intervenciones irregulares de técnicos.

La discusión, entonces, no es solo si votar con pantalla o con papel. También es cuánto cuesta cada opción y qué posibilidades concretas tienen fiscales y ciudadanos de comprobar que el resultado coincide con lo que eligieron.